Ser líder social en Colombia, un asunto de vida o muerte

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Colombia es considerado por organizaciones de derechos humanos uno de los países más peligrosos del mundo para ser líder social y ejercer la defensa de los derechos humanos. A fecha del 2 de junio, han sido asesinados 98 líderes sociales y defensores de derechos humanos.

A nivel mundial organizaciones sociales, populares, sindicales, estudiantiles, de género, campesinas, gremiales, barriales, sectoriales, entre otras, organizadas alrededor de la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA)[1] vienen siendo objeto de diferentes tipos de amenazas, torturas, desapariciones, encarcelamiento y persecución por parte de diferentes actores armados, tanto legales como ilegales, de sus propios países. Según el informe de la Fundación Internacional para la Protección de los/as Defensores/as de Derechos Humanos (Front Line), titulado, “Informe anual sobre defensores/as de derechos humanos en riesgo en 2017”, durante ese año, en 27 países, fueron asesinados 312 defensores/as, de los cuales, el 80% tuvo lugar en solo cuatro países: Brasil, Colombia, México y Filipinas; donde Colombia tuvo la mayor cantidad de asesinatos. 

El informe también revela que, en la mayoría de los casos, “…el 84% de las y los defensores asesinados habían recibido al menos una amenaza antes de su muerte. Por tanto, es importante destacar que, si la policía hubiese tomado medidas preventivas en una fase temprana, los ataques podrían haberse reducido drásticamente.”

Colombia, entre los acuerdos de paz y el asesinato de líderes sociales

Para los colombianos el año 2016 terminaba con una gran noticia, el gobierno de Juna Manuel Santos había logrado firmar un acuerdo final de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), la guerrilla más antigua del continente, desmovilizando alrededor de 13 mil insurgentes, con su respectivo armamento, y junto con ello frenado una guerra de más de 52 años que dejó, según cifras oficiales, al menos 220.000 muertos y 60.000 desaparecidos.

El inicio de una mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en febrero del 2017, creaba un ambiente de tranquilidad y paz, dando como resultado, entre otros logros, una reducción notable de militares heridos o muertos por causa del conflicto armado, como bien lo destacó la Brigadier General Clara Esperanza Galvis Díaz, directora del Hospital militar, en entrevista con un medio de comunicación radial, “Hablamos que para el año 2011 tuvimos 424 heridos por arma de fuego, minas antipersona, y otros elementos explosivos; 2013, 390; 2015, 130, pero hemos tenido un descenso progresivo, en el 2017 cerramos con 35 militares heridos”.

Ese mismo año, a raíz del aumento de los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos la Procuraduría General de la Nación emite la Directiva No. 002 (14 de junio de 2017), en la que da a conocer el marco legal, tanto nacional como supranacional, en el que están enmarcados la protección de los defensores de derechos humanos, y los “Lineamientos para la protección efectiva de los derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos, y sus organizaciones, integrantes de los movimientos sociales, movimientos políticos, y lideresas y líderes políticos y sociales, y sus organizaciones, y a los que en esta condición participen activamente en la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.”

Paradójicamente, la situación para la sociedad civil en general, y para los defensores de derechos humanos en particular, era diametralmente diferente. Carlos Alfonso Negret Mosquera, Defensor del Pueblo, en rueda de prensa del pasado 1 de marzo, manifestó que se han registrado, entre el 1 de enero de 2016 al 27 de febrero de 2018, “…el asesinato de 282 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, lo que indica una intencionalidad de golpear ese sector social.”

Por su parte organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos llaman la atención sobre las cifras gubernamentales, que, aunque difieren en la cantidad, sí, evidencian una progresión del fenómeno, que viene centrándose particularmente en los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Córdoba, Chocó y Norte de Santander (Todos los nombres, todos los rostros)[2]

Que son departamentos donde precisamente se están desarrollando los programas de Plan Desarrollo Territorial (PDET) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Ambos programas, surgidos en el marco de los acuerdos, y los dos tienen que ver con estrategias de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Es decir, se desarrollan en el campo.

Para Carlos Guevara, portavoz de la organización Somos Defensores, los departamentos donde se ha presentado con mayor fuerza el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos coinciden con los departamentos que según, Carlos Castaño, jefe paramilitar y uno de los creadores de los mismos, planteaba que había que copar militarmente para terminar la confrontación militar con las guerrillas en Colombia. Según Guevara, Castaño sostenía que, “para poder acabar estratégicamente con las guerrillas, había que hacer una L invertida en la guerra,  y esa L iba desde la frontera con Venezuela, pasando por la frontera con Panamá, hasta llegar a la frontera con el Ecuador. Esa L invertida fue la L de la guerra en Colombia clave en los 90’s. Y luego, la política de Seguridad Democrática también tuvo un trabajo importante en esa zona. Y luego, en la política de consolidación territorial, que fue la última etapa, también esos departamentos, eran los departamentos centrales.”

En el siguiente mapa puede evidenciarse la magnitud de los asesinatos, ya que con ellos, no sólo acallan a un ser humano, sino que terminan afectando a toda la comunidad donde residía la víctima, pues como lo afirma Guevara, “…A la gente le da mucho miedo estar cerca de otro que es capaz de denunciar porque en Colombia ser capaz de denunciar está estrechamente ligado con ser asesinado.”

Para visualizar los nombres de los líderes, el año y municipio en que fueron asesinados, de clic en el departamento correspondiente.

Lo más preocupante de toda ésta situación, además de las pérdidas humanas, la estigmatización, desarraigo y rupturas que se presentan en las comunidades donde son asesinados los líderes sociales y defensores de derechos humanos y que pese a la implementación de diferentes estrategias por parte del gobierno nacional -como las alertas tempranas y el ‘Plan Orus’, que ha dispuesto más de 60 mil hombres de la fuerza pública para la protección de los líderes sociales y defensores de derechos humanos amenazados -, es que, en la mayoría de los casos de asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos permanece indeterminada la responsabilidad material o intelectual. 

Situación que, en diferentes escenarios ha sido reforzada por el mismo gobierno cuando Luis Carlos Villegas (Ministro de Defensa), insiste en la tesis de que la mayoría de asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos obedece a situaciones más coloquiales o comunes, y que no tienen un trasfondo político, lo que termina revistiendo de impunidad los asesinatos y sus autores.


[1] Recuperado del sitio web http://observatoriopoliticasocial.org/que-son-los-desca/ el 29 de junio de 2018

[2] Todos los nombres, todos los rostros. Informe de Derechos Humanos sobre la situación de líderes/as y defensores de Derechos Humanos en los territorios. Recuperado del sitio web http://co.boell.org/es/2018/06/29/informe-especial-de-derechos-humanos-situacion-de-lideresas-y-lideres-sociales-de el 29 de junio de 2018

Fotografía principal: hacemosmemoria.org

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