Amenazas a dirigentes indígenas en el Cauca y Huila

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Foto principal: crihu.org

Los recientes hechos de violencia registrados en el sur del país han suscitado una problemática social que cada vez es menos visibilizada por los medios masivos. Mientras los noticieros solo manejan agendas sobre la crisis en Venezuela, en el Cauca se evidencia una crítica ola de violencia que ponen en alerta a organizaciones sociales y de derechos humanos.

Por: Juan Camilo Ortiz

Jairo Humberto Tombe, secretario del Concejo Regional Indígena del Huila (CRIHU) es egresado la Universidad Surcolombiana del programa de Administración de Empresas y uno de los líderes de la comunidad Misak. El secretario lanza el llamado a la comunidad advirtiendo de un panfleto donde un supuesto grupo  de exguardia indígena que se estaría rearmando para conformar un grupo denominado “renacer del Quintín Lame” o “los hijos de Quintín Lame” con el objetivo de “armar en defensa de la vida del pueblo Nasa y el territorio” como lo señala el panfleto. “El Concejo Regional Indígena rechaza toda forma de lucha armada por parte de supuestos indígenas que se hacen llamar los hijos de Quintin Lame” asegura el secretario.

Panfleto movimiento Rencer Quintín Lame
Panfleto Movimiento Renacer Quintín Lame

Bajo los tres principios del CRIHU que son la unidad, territorio y cultura, las 27 autoridades que conforman este concejo regional se reunieron en días pasados en el resguardo La Reforma en el municipio de La Plata, para rechazar por unanimidad las amenazas de este panfleto y determinar el plan de contingencia bajo el compromiso de hacer sus pesquisas internas para dar con los supuestos indígenas responsables del hecho. Así mismo, rechazan todos los actos de violencia, hostigamientos y amenazas que han venido padeciendo los líderes de las comunidades indígenas por parte de actores armados ilegales, como el caso sucedido el pasado mes de octubre donde el grupo insurgente ELN se atribuyó la muerte del lider indígena Aulio Isarama Forastero en el departamento del Chocó.  

Resguardo indígenas en el Huila
Resguardos indígenas CRIHU

Como plan de contingencia la guardia indígena está en máxima alerta con el fin de garantizar los tres principios del CRIHU. La Guardia Indígena es la única entidad de control territorial de los resguardos que propugna la no circulación de grupos armados, bien sea del estado o ilegales, sobre sus territorios. “Sí los grupos armados están desarmonizando nuestros territorios, la Guardia Indígena tiene que hacer su debido control territorial porque son grupos que no pertenecen a nuestra comunidad” explica el secretario del CRIHU. El documento emitido por el concejo regional lanza un llamado a las comunidades indígenas a rechazar cualquier acto de violencia armada por parte de sus integrantes y seguir con su lucha pacifica en favor de la defensa de sus territorios.

Tensa situación en el Cauca

Existen registros de amenazas a líderes sociales e indígenas en el Cauca y el Huila por parte de  disidentes FARC y las Águilas Negras, según el secretario de CRIHU. En la Argentina, Huila amenazaron a los comuneros de la comunidad Misak y al máximo líder, el taita Jesús Antonio Tumbe a través de un panfleto de las Águilas Negras. En el municipio de Íquira hay amenazas a los gobernadores indígenas.

Hace pocas semanas se presentó la denuncia de indígenas y campesinos que viven en zona rural de Corinto donde se vieron afectados por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que se disputan el control de la zona por ser un lugar considerado ´Triángulo de Oro´ de la coca y la marihuana en esa región del país. Por redes sociales circularon varios vídeos y fotos donde se escuchan detonaciones, disparos y se alerta del confinamiento de los estudiantes de una institución educativa que quedaron en medio del fuego cruzado. Algunos de esos vídeos fueron compartidos por el senador indígena Feliciano Valencia en su cuenta de Twitter.

La violencia y el abandono por parte del estado en los territorios indígenas se esta volviendo un acontecimiento común, ya que ahora son los indígenas los que imparten justicia y toman control sobre sus territorios, enfrentándose con sus bastones de mando contra los alzados en armas. El pasado lunes 4 de febrero un grupo de disidencia de las FARC atacó un puesto de control de la Guardia Indígena de la vereda del Boquerón del municipio de Corinto, Cauca. Los hombres llegaron en una camioneta, con la vestimenta característica del grupo al margen de la ley y armamento largo. Los hombres armados fueron detenidos por la Guardia Indígena y puestos bajo custodia en el resguardo donde fueron sometidos a un juicio llevado acabo en una ceremonia tradicional. El armamento fue decomisado y destruido. Ver Vídeo. 

Aunque la firma del acuerdo de paz el 26 de septiembre del 2016 trajo una disminución en el número de asesinatos por cuenta de la violencia derivada del conflicto armado,  la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos ha ido en aumento y se ha dado de forma sistemática, como lo describe el informe elaborado por el Instituto de Estudios Políticos y  Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Este informe elaborado con base en la información suministrada por organizaciones sociales y centros de estudios del país, identificaron los patrones y variables referida a la violencia de líderes sociales y de defensoras y defensores de derechos humanos, así como en algunos casos, a las de sus allegados y otras personas que rodean su labor.  Ver Mapa

Foto: Fundación Paz y Reconciliación

Dentro de los afectados por esta nueva ola de amenazas y muertes sistemáticas a lideres sociales se encuentran varios grupos indígenas del país. En el caso de la comunidad Emberá-Katios, los grupos armados ilegales desterraron a mas de 500 indígenas por la disputa del territorio, lugar estratégico para e nárcotrafico.  Los ´Rastrojos´ es una de las bandas delincuenciales encargadas del control del narcotráfico en esta zona del país y los responsables de generar violencia y terror en estas comunidades y  sus lideres que se atrevían a denunciar los hechos. 

Recientemente el presidente de la república Iván Duque, lanzó el Plan de Acción Oportuno (PAO) para la protección de líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas, el cual permitirá afrontar los crímenes contra los líderes sociales desde la prevención, la reacción inmediata con alertas tempranas, la investigación para establecer quiénes son los autores materiales e intelectuales y la aplicación de sanciones ejemplares.

Pero para algunos expertos el decreto 2137 del 19 de noviembre de 2018 que le da vida a la PAO, es “un articulado excluyente, de corte coercitivo, centrado más en acciones reactivas que preventivas, que desconoce muchos de los contextos en los que se desenvuelven los líderes sociales, activistas y autoridades de pueblos étnicos de Colombia y que, además, no cuenta con un enfoque diferencial que permita atender las violencias particulares de las que suelen ser víctimas las lideresas y activistas de la población LGBTI”

Advierten que el decreto no tiene antecedentes ni factores de riesgo actuales como la presencia de grupos paramilitares reconocidos por la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Así mismo desconocen si los diagnósticos realizados por la PAO reconozcan las afectaciones en términos de género, étnicos y territoriales. Leer artículo Verdad Abierta.

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