Asesinato de personas en estado de indefensión una practica sistemática

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Colgando del techo algunas ilustraciones simbólicas elaboradas por familiares de algunos los jóvenes ejecutados.

Uno de los flagelos que enfrentó el territorio colombiano e incremento en el segundo cuatrienio de mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez corresponde a los acontecimientos mal llamados por algunos medios de comunicación “Falsos Positivos”. Bajo esta jerga militar, a partir de 2004, gracias a la ayuda quizás inconsciente de medios masivos mediante la difusión de boletines del ejército, la ciudadanía conoció de primera mano las emergentes prácticas sanguinarias cometidas por miembros de la fuerza pública contra jóvenes mayoritariamente de sectores populares tildados de “pertenecer a grupos al margen de la ley”

Los colombianos, inmersos en un ambiente de tensión e impulsados por el mismo legitimaron aquella “política de defensa y seguridad democrática”, cuya función giraba en torno a la lucha contra la criminalidad y todo lo que representara una amenaza a la seguridad nacional. Así las cosas, luego de los frutos cosechados durante el curso de la presente, la sociedad colombiana transitó de ese imaginario pacifista centrado en el dialogo como vía estratégica para la resolución del  conflicto a la naturalización de la fuerza bruta, de la acción violenta ejercida por las instituciones castrenses como medida de restablecimiento del control y seguridad hasta en las zonas más recónditas del país.

Desde el marco de lo jurídico, el concepto de asesinato de persona en estado de indefensión tiene ciertas implicaciones dentro de los cuerpos normativos del derecho internacional con enfoque en derechos humanos e instrumentos internos de tipo penal. Según, Oscar Enrique Prieto Acosta, asesor técnico del observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia (OBSURDH), el asesinato se caracteriza por tres elementos que se conjugan de manera particular.

“Inicia con una detención arbitraria porque la connotación de secuestro o rapto no aplica en estas categorías ya que en ella se operaba con aceptación o ayuda de agentes del estado. Es claro que no siempre estuvo a cargo de servidores públicos, también había civiles e inclusive grupos paramilitares vinculados a este escenario”. Contiguo a ello, el técnico plantea la distinción entre el contexto del termino secuestro y rapto puesto que aunque muchos las consideren sinónimos a fin de cuentas no lo son. “En el caso de que un civil tomara a otro por la fuerza; estaríamos ante un caso de secuestro. Si se estuviese en el contexto del conflicto armado,  y  lo miramos desde el quinto artículo del protocolo II adicional a los convenios de Ginebra denominado “Personas privadas de la libertad”, la incurrencia en la acción de retener a uno de los integrantes de los lados en hostilidad; se llamaría  rapto”.

En el Huila, merodeaba una estructura que vestida de amabilidad ofrecía oportunidades laborales en el área sur y céntrica del departamento principalmente a hombres situados en el rango de dieciocho a treinta años. Entre los 119 asesinatos presentados en el lapso 2004 – 2008 se puede observar que el grupo poblacional predilecto eran jóvenes pertenecientes a estrato medio-bajo, consumidores de sustancias psicoactivas y habitantes de calle porque ante el peso de su ausencia, nadie los notaria, nadie los extrañaría y por ende cualquier intento de reclamo de sus familiares seria minimizado.

 

Dibujo don Aladino

Tal fue el caso de Don Aladino Ríos Sánchez, un agricultor y comerciante del valle  de laboyos, quien en una tarde de agosto de 2007 a base de engaños fue trasladado junto a Albeiro Hernández Cerón en un Renault azul a una zona rural de Isnos cercana al batallón de infantería no° 27 Magdalena. A escasos metros de la ruta principal que conecta a San José de Isnos con San Agustín, sin previo aviso Alfredo Muñoz Botina encarrila el vehículo por una carretera destapada que los conduce hasta el retén militar en donde al cabo de diez minutos de tenerles postrados sobre el suelo, un grupo de uniformados los sube y moviliza en una turbo a San Vicente de Hornitos.

Allí, en inmediaciones de un barranco, los sujetan con los cordones de sus zapatos y a modo de préstamo les entregan unas capas -propias de la institución- que son de gran utilidad en jornadas gélidas. Cerca de las 12:30 a.m., como consecuencia de la disposición impartida por uno de los soldados, los desatan y los llevan a la vía central con el ánimo de finiquitar lo que habían comenzado. Tras haber recibido dos impactos en el hombro derecho, en aquel instante en el que desganado se da por muerto, en el transcurso de unos minutos, toma aire, alza la cabeza, sostiene la mirada y al percatarse que no regresan a ultimarlo emprende huida hacia un potrero. Alarmado por lo que sucedía, un uniformado da apertura de fuego contra aquel hombre que armado de valor estaba dispuesto a defender con los dientes su vida sin importar las condiciones en las que se encontrara.

“Posterior a la detención arbitraria se presenta la situación de desaparición forzada. Hay una desaparición debido a la inexistencia de un registro de la detención y carencia de información que debería ser emitida por entes de control sobre la persona que contra su voluntad está en poder de”.

Luego de éste, viene el tercer componente que conforme a lo establecido en el artículo 104 del código penal corresponde al delito de homicidio agravado u homicidio de persona protegida. De acuerdo a lo estipulado por el derecho internacional humanitario se confiere el título de persona protegida a aquella que no posee ningún vínculo con una de las partes en conflicto o al guerrero herido en combate que impedido por su estado no puede continuar en tal contexto bélico.

El primer rasgo clave de los asesinatos radicaba en la existencia de reclutadores que a punta de  falsas promesas de trabajo desplazaban a los jóvenes a lugares apartados para contiguo a ello, asesinarlos y hacerlos pasar frente a los medios masivos de comunicación como delincuentes, extorsionistas y fleteros. De ahí en adelante la estrategia empleada en este tipo de casos estaba fundamentada en la alteración de la escena del crimen; la mayoría si es que no todos los muchachos aparecían calzando botas jamás antes vistas, con armamento en mano a pesar de no saber disparar y portando prendas de uso exclusivo policial- militar.

Bajo el encabezado “El rol de los altos mandos en los falsos positivos”, el Observatorio de Derechos Humanos con sede en Nueva York publica un análisis del trabajo adelantado por la fiscalía que liga a alrededor de 180 batallones y otros cuadrantes, adscritos a 41 brigadas que mantenían en la mira de las siete divisiones que tenía entonces el Ejército”. Gracias a la información suministrada por algunos testigos y documentos de fiscales, la opinión pública pudo acceder a los nombres de las 11 brigadas y  funcionarios de alto mando participes de un estructurado plan macabro.

 

abelardo quinayas
A modo de acto simbólico, la familia de Abelardo Quinayas Lasso representa sobre un grueso trozo de madera  el lugar donde fue asesinado.

 “De cara a éstos aberrantes hechos, OBSURDH plantea la necesidad de vincular a las investigaciones a los altos mandos militares, debido a que siempre quedan por fuera. En el departamento, de las cuatro sentencias que hay sobre asesinatos en estado de indefensión, donde se reconoce la responsabilidad del estado y las fuerzas militares, el máximo servidor salpicado es un mayor, cuando acá el periodo reportado con más ejecuciones fue durante el que estuvo al mando la novena brigada, la estructura mayor que reúne a todos los batallones del Huila y algunos que operan en San Vicente del Caguán” afirma Prieto Acosta.

 

Aunque todavía no soplan fuertes vientos a favor, un centenar de familias lucha, resiste pero sobre todo exige en las diversas regiones del territorio nacional justicia y esclarecimiento de las circunstancias por las cuales les arrebataron a sus seres queridos. A su vez, firmes en la convicción de desmentir los boletines oficiales en los que se indicaba que sus allegados pertenecían a determinado frente guerrillero o grupo al margen de la ley; esposas, madres, padres, hijos, entre otros reclaman retractación a causa de las falsas declaraciones.

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