Asesinatos en estado de indefensión cometidos por el Estado en el Huila– “Falsos Positivos”

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Aunque los “Falsos Positivos” no son una táctica nueva en el desempeño de las Fuerzas Militares, en el departamento del Huila  padecieron con mayor intensidad esta práctica –gracias a la Directiva Ministerial Permanente número 29- durante los años 2006 a 2008. Este fenómeno se ha presentado en 29 de los 32 municipios del departamento.

Un ejército con historias de abuso

El hábito del Estado de asesinar a su población no es esencialmente contemporáneo. según el Movimiento Nacional de Crímenes de Estado, en la década del 70 durante el Gobierno de Julio Cesar Turbay –el Decreto 1923 de 1978 propició la masificación del terror, dejando como saldo más de 5.000 personas retenidas y torturadas por la extinta XX Brigada del ejército de Colombia, debido a inclinaciones políticas e ideológicas.

Una vez iniciada la expansión de las ejecuciones extrajudiciales –que para entonces no eran presentadas por el ejército como bajas en combate- la década de 1980 se ve marcada en palabras del exprofesor del Marshall European, Daniel Nelson, como una Denegación Verosímil: la creación de ejércitos privados paramilitares, al mando del comandante Harold Bedoya, como la Alianza Anticomunista Americana (Triple A) y Muerte a Secuestradores (MAS), auspiciados por la ley 48 de 1978 le permitieron al gobierno lavarse las manos y distanciarse. Las fuerzas de seguridad se aprovecharon del apremio de eliminar a Pablo Escobar para cometer todo tipo de injusticias: 9.332 asesinatos políticos destaca el investigador Diego Otero Prada de la Universidad Central.

Los siguientes doce años -1990 – 2002- se pueden definir como una tercera fase de ejecuciones extrajudiciales  que para el Banco de Derechos Humanos y Violencia Política (CINEP)  no presenta victimas anónimas sino casos concretos nominados, la catastrófica cifra es de 13.127 ejecuciones ilegales, que los medios de comunicación masiva pasaron por alto al no querer informar a la opinión pública.

Amnistía Internacional ha llegado a la conclusión de que muchas de estas violaciones son obra de las fuerzas de seguridad colombianas o de civiles que actúan bajo sus órdenes. Uno de los grandes genocidas: la IV Brigada del ejército con sede en Antioquía.

Un dato llamativo que genera incertidumbre, teniendo como punto de partida lo anterior, es que mientras en 1990 el Estado gastaba el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) en seguridad, para el año 2013 esos gastos representaban el 6.5% del mismo; pero lo más frustrante es que de ese mismo PIB el país solo invierte el 0,19% en investigación y desarrollo.

La esencia de presentar falsas bajas ejecutadas en combate

Para el periodista colombiano Germán Castro Caycedo, la estrategia del Body Count o contar cuerpos, ejercida por el ejército de Estados Unidos en Vietnam, fue heredada por el Gobierno Uribe por una esencial razón: la guerra con las FARC, para ese entonces, estaba más pérdida que nunca.

En los dos primeros años del gobierno Uribe, no había caído uno solo de los nueve miembros de la cúpula guerrillera, ni tampoco uno solo de los 25 miembros del Estado Mayor que había prometido aniquilar; pero por otro lado sí eran frecuentes las bajas cometidas al ejército por las FARC en este lapso, por lo menos siete grandes acometidas se habían presentado contra la fuerza pública dejando más de 90 soldados muertos.

El presidente ante la impotencia de hacer reales las promesas de extinción de la insurgencia y al verse derrotado, empezó como argucia a medir la guerra por el número de muertos que ellos mismos contaban y luego presentaban en la televisión como terroristas caídos en combate. La expresión de lo decadente se originó el 17 de noviembre de 2005, mediante la Directiva Ministerial permanente número 29, expresa por el ministro de defensa de Uribe Vélez, Camilo Ospina Bernal.

En aquella Directiva se decretaron tarifas especiales y pagos de dinero –con impuestos aportados por los colombianos-, para premiar las bajas ilegales; que durante el periodo de 2002 a 2010 llegaron a 5.763 en Colombia según el Movimiento de Reconciliación (FOR) y la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU). Esta era la esencia de la política de seguridad democrática y luego del Plan Patriota que con la excusa del narcotráfico y el terrorismo se proponían agudizar el conflicto, al servicio de EE.UU y su vital interés de querer apoderarse de los recursos ambientales de la región que se traducen en Estrategia al Sur o Plan Colombia.

Otro factor importante por el que se utilizó el ejército para estas ejecuciones, fue el hecho de que los paramilitares habían realizado una ficticia desmovilización y por ende estas fuerzas del mal no fueron fuertemente utilizadas para los asesinatos realizados entre 2006 y 2008. Aunque de estos grupos paramilitares en la actualidad hay sucedáneos de recicle que provienen de los falsos desmovilizados y son llamados BACRIM.  

Una apuesta por la dignidad de las víctimas

Entre los años 2000 y 2010 en el departamento del Huila según la Fiscalía y organizaciones de derechos humanos como la CCEEU y FOR, se registraron 319 víctimas de “Falsos Positivos”, 263 de ellas entre 2004 y 2009 en 32 de los 37 municipios; destacándose Pitalito con 53 asesinatos, Garzón con 29, Gigante con 22 y Neiva con 16.

Ver galería “Memorias de los Sobrevivientes”

Memorias de los sobrevivientes

En entrevista con Andrea Jiménez -representante legal del Observatorio Surcolombiano de derechos humanos (OBSURDH)- Organización defensora de  las personas víctimas del conflicto armado, se aclaró que en la actualidad y según el Informe “De la Impunidad a la Verdad” se registraron 53 casos y 124 víctimas durante los años de 2006 a 2008 ocurridos en el Huila. Esto sin contar los 141 casos y 237 víctimas registradas entre 1991 y 2005 perpetrados en 26 municipios huilenses. 

Con respecto a qué procesos sociales y de dignidad se están llevando con las víctimas y las familias de las víctimas en el departamento; en contacto con OBSURDH, esta organización manifiesta que “se está programando y planeando para este año 2019 con la Facultad de Sicología de la Universidad Surcolombiana y, con la colaboración del docente Julio Jaime lograr construir una alianza que nos facilite elaborar un proceso de trámite del dolor que le permita a los familiares de las víctimas sanar, en aras de avanzar hacía procesos de perdón y de reconciliación en el marco de las ejecuciones extrajudiciales”.

“Muchos de los asesinatos ejecutados por el Estado en la actualidad siguen impunes, lo que pone en entredicho la reputación de las víctimas y se sigue aludiendo a la imagen del guerrillero y el delincuente; entonces por parte del Estado estas madres no han recibido todo el apoyo que requieren, ni el acompañamiento para una reparación integral en el marco de ayudarles a procesar el dolor y a sanar”;  expresa Andrea Jiménez.

Los casos de muertes ilegitimas en combate en el Huila se están investigando actualmente en el caso 003 en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de acuerdo a la solicitud de la Fiscalía en el auto 005 donde rinde un informe de los casos ejecutados a nivel nacional y departamento. Referente a lo anterior OBSURDH cuestiona que en el actual informe presentado por fiscalía en la actualidad hay una diferencia de más 2.000 víctimas con informes presentados en el año 2014 por el mismo ente público, ¿Por qué la diferencia al establecer el contraste?

Además, una vez la JEP abrió el caso llamó a diferentes brigadas, pero la V División del ejército que tiene injerencia en el Huila y en otros municipios aledaños como Tolima y Caquetá no está llamada a rendir cuentas frente a los casos de ejecuciones extrajudiciales, siendo el Huila el cuarto departamento con 119 ejecuciones durante los años 2006 a 2008 según Human Rights Watch.

“La idea es que las organizaciones de víctimas, las organizaciones de la sociedad civil y las propias víctimas presenten informes, participen de este sistema integral permitiéndole a la JEP contrastar la información que Fiscalía le entrega; lo que quiere decir que la sociedad tiene la responsabilidad de permitirle a la JEP contrastar todos sus informes. Ahí es donde OBSURDH le ha preguntado a la JEP por qué la V División no está llamada a declarar; les hemos facilitado informes de casos muy minuciosos y detallados que esperamos contrasten. Estamos a la espera de cuál va ser la respuesta de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, hasta el momento no hemos recibido respuesta”. Le explicó OBSURDH a EL Digital.

En estos momentos OBSURDH está en la elaboración de dos informes que esperan entregar este año; precisamente para eso se está buscando la alianza con la USCO. Uno de los dos informes le apuesta a documentar el asesinato de Líderes Sociales y Comunales en la zona norte del departamento; y el otro informe le apuesta al análisis de acontecimientos bélicos que ocurrieron en zonas Veredales del municipio de Garzón ocurridos en 1992.

Frente a las dificultades que las organizaciones defensoras de los derechos humanos padecen, sobresalen algunas y desde diferentes ámbitos: “OBSURDH es una entidad sin ánimos de lucro que funciona en muchos de los casos a través de voluntariados y ejecuciones de proyectos de cooperación internacional; sin embrago llevamos prácticamente un año sin financiación, eso nos limita mucho nuestro trabajo en el territorio; en aspectos de seguridad hasta el momento no hemos recibido amenazas directas, sin embargo en el año 2014 que se realizó la audiencia pública de las ejecuciones en Pitalito, las victimas sí recibieron algún tipo de presión y de control que llama la atención, todo estuvo mediado por retenes y controles que sí dejan incertidumbre; preocupan las condiciones se seguridad de las víctimas que sí viven en zonas rurales alejadas”.

Pese a todo y las dificultades, para Andrea Jiménez “ayudar en la lucha de las víctimas y los sobrevivientes para limpiar su buen nombre, el cual termina siendo totalmente empañado y revictimizado, es significativo y necesario en esta sociedad donde los unos matan a los otros por conseguir beneficios, prebendas y obtener suciamente mayores oportunidades a nombre de la vida y reputación de inocentes, eso tiene que procesarse en esta sociedad basado no en la justificación del hecho, sino en el derecho a la justicia, la verdad y reparación integral de estás víctimas y de sus familias.”

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