Aumento de la Fuerza Pública en el Cauca, ¿es una solución viable?

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En el departamento del Cauca, se reforzará la militarización con 2.500 hombres de la fuerza pública debido a los asesinatos sistemáticos que se han venido presentando a los líderes indígenas, defensores del territorio, esto sin olvidar que la zona ya cuenta con 10.000 efectivos.

En los últimos meses se ha presenciado una serie de asesinatos en el Norte de Cauca a los líderes indígenas, los cuales se contraponen a los grupos armados ilegales que realizan el cultivo ilícito, como lo es la siembra de la hoja de coca, y la marihuana. La presión y violencia que genera estos grupos disidentes como el  ELN, los paramilitares y los narcotraficantes que se disputan estas rutas claves para llegar a la costa pacífica, ha dejado a su paso 125 indígenas asesinados desde que Iván Duque asumió la presidencia en el país. 

Foto destacada de Vanguardia Liberal(Foto: Archivo/VANGUARDIA LIBERAL) 

Los hechos violentos en esta zona se vienen intensificando luego del desarme del más antiguo  grupo armado de América Latina las Farc, según lo revela un informe realizado por (INDEPAZ), en el cual analizan la crisis de seguridad en el pos acuerdo en este departamento: Informe especial de Indepaz (PDF, peso: 10,7 MB). 

Sin embargo este problema se intensifica cuando las comunidades indígenas deciden no abandonar sus territorios, tradiciones y su existencia física y cultural, pese a las amenazas que reciben, ya que la principal estrategia de estos grupos es generar terror para  obtener el poder territorial. Frente a esta situación el presidente Iván Duque, por medio de su cuenta oficial de twitter, comunicó a la ciudadanía que se iba a realizar un aumento de la fuerza pública en el territorio del Cauca para controlar el negocio de las grupos armados ilegales, esta acción se dio luego del asesinato a cinco miembros de la comunidad indígena del resguardo de  Tacueyò Cauca el pasado 29 de octubre del presente año.

Como respuesta a esa masacre, se realizó un consejo de seguridad en Quilichao, norte del Cauca, donde se aumenta la militarización en este departamento, el cual traería consigo tres grandes tareas: el primero, el de controlar el territorio de la zona con el aumento de las fuerzas oficiales del país para frenar la expansión del narcotráfico;  en segundo lugar, cerrar las rutas empleadas por estos grupos; y, por último, desmantelarlos. El departamento del Cauca cuenta con 10.000 efectivos y se reforzara la militarización con la llegada de 2.500 hombres de la fuerza pública del país a la zona, en un tiempo estimado de cuarenta días para que la fuerza de despliegue número 4 para que cumpla con las tres tareas anteriores.

Frente a estos asesinatos, la Organización Nacional indígena de Colombia (ONIC), se pronunció refiriéndose a  estos hechos como genocidios, además de enunciar que el gobierno no ha atendido las denuncias que ha realizado la organización: Declaración de Emergencia Humanitaria de y por los Pueblos Indígenas

Por otro lado, German Valencia, el vocero de la ONIC, ha señalado que los agentes de la fuerza pública tienen una posible complicidad con las bandas criminales que allí operan, pues afirma que es raro que estas bandas tenga tanta presencia y fluidez en el  departamento, esta zona cuenta  con alta  presencia militar. “Por qué el Cauca y el Pacífico siendo una región donde el Gobierno ha incrementado su pie de fuerza, estos carteles se mueven como pez en el agua. No entendemos el papel de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad de la gente”, cuestiona el vocero de ONIC.

Algunos grupos indígenas comentan que el  Estado está atendiendo esta emergencia humanitaria como una medida que traerá carentes resultados debido a que se le está dando un tratamiento de más violencia a la difícil situación que se vive en el Norte del Cauca, además se pondrá en riesgo la vida de los indígenas y campesinos debido a que estarán en medio de las confrontaciones.

Alba Nelly Ramos, una campesina pobladora de Buenos aires, municipio del Cauca, quien nos comenta sobre el aumento de la militarización en la localidad y la necesidad de estrategias para dedicarse a otros trabajos.

Cabe la pena mencionar que hace tres años que se firmaron los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y los combatientes de las Farc y aún no se han realizado proyectos productivos para los campesinos e indígenas del Cauca, como se había acordado en el acuerdo de paz de la Habana donde se preveía darles una segunda opción a los pobladores que se han dedicado a la producción de cultivos ilícitos.

https://www.rcnradio.com/colombia/incertidumbre-por-futuro-del-programa-de-sustitucion-de-cultivos-ilicitos

Es claro que si no se realiza una inversión social por parte del estado  colombiano, para generar un cambio en la vida de las personas que están inmersos en los territorios azotados por los cultivos de hoja de coca y marihuana, muy difícilmente se podrá salir de la ola de violencia. Es por esta razón que los indígenas le han propuesto al gobierno de Iván Duque realizar un plan piloto de Erradicación y Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en el marco del programa de Sustitución de cultivos de uso ilícito.

Pueblos Indígenas proponen Plan Piloto para detener asesinatos en el norte del Cauca, desde la ONIC.

 

*Foto destacada tomada del portal digital nativo Kienyke sobre la militarización en el Cauca.

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