Mapiripán, herida de un pueblo violentado

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Una masacre dejó el nombre de Mapiripán marcado en la historia colombiana, reflejo de la realidad atroz que tuvieron que vivir sus habitantes durante el Conflicto Político, Social y Armado que aqueja al País hace más de cinco décadas. 

Mapiripán es un municipio ubicado en el extremo suroriental de las sabanas del departamento del Meta, en frontera con las selvas del Guaviare, a orillas del río que lleva su mismo nombre. Sus principales actividades económicas son la pesca, la minería de oro, y el auge cauchero. Es un pueblo tristemente conocido en la historia de Colombia, sólo a partir de 1997, se escucha su nombre a causa de un atroz acto de violencia que dejó decenas de personas muertas y un poco más de 100 heridos, hecho conocido como la “Masacre de Mapiripán”. Cargado de historia, en donde centenares de hombres y mujeres provenientes de muchas partes del país, han forjado diferentes relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, construyendo lazos profundos con su territorio. 

Imagenes actuales de Mapiripan

La historia de Mapiripán, al igual que en la mayor parte del territorio colombiano, ha estado marcada por la violencia. La ubicación geoestratégica de este Municipio, ha permitido que por muchos años fuera utilizado como base y corredor importante de operaciones para el cultivo y comercialización de la hoja de coca y marihuana. Esto a su vez, propició que el narcotráfico se convirtiera en la principal actividad económica de los años 80 en el País. Los Castaño, fundadores del grupo paramilitar autodenominado Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), buscaban controlar el negocio con el pretexto de combatir la subversión. Como consecuencia de esto, en julio de 1997, atacaron Mapiripán. Estos hechos de violencia desterraron a por lo menos 1.300 personas del pueblo.

El 15 de julio de 1997, se recuerda con dolor, como arribaron centenares de sujetos fuertemente armados, quienes se identificaban con brazaletes de la AUC de Urabá y Córdoba, que durante cinco días torturaron, secuestraron y asesinaron a decenas de habitantes de la zona urbana y rural del Mapiripán; en este cruento hecho participaron, no solo los grupos paramilitares, sino también el Ejército colombiano, quienes por acción u omisión, tuvieron responsabilidad en esta masacre. Tan sólo en el 2005, a través de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida 15 de septiembre de 2005, se reconoció al Ejército de Colombia, como parte responsable de los hechos violentos en contra de la población de Mapiripán. 

Durante los siguientes años, guerrilleros y paramilitares continuaron la disputa por el territorio; habitantes originarios que no tenían títulos de propiedad sobre sus tierras, trataron de resistir en el pueblo hasta donde les fue posible, como una forma de resguardar su propiedad sobre la tierra. Personas que salieron con lo que apenas tenían puesto, dejando sus vidas, sus recuerdos, sus amistades y familias, huyendo de la posible muerte. “Tuvimos que irnos de nuestras tierras, porque más que nuestras cosas, se querían llevar a mi hija mayor, […] la muerte nos respiraba en el cuello”, así recuerda Ana Cecilia Calderón, sobreviviente de los hechos ocurridos en Mapiripán

El destierro hacía parte ya de un paisaje desesperanzador, como resultado de la realidad deshumanizante. Mapiripán, hoy es ejemplo de un pueblo resiliente pero olvidado, que tuvo afectaciones económicas, pero sobre todo psicológicas. Las consecuencias psicológicas sobre la población están vigentes después de casi 24 años de este hecho que eclipsó la vida de sus habitantes. Stephany Ledesma, Psicóloga, en entrevista con El Digital, habla sobre las afectaciones psicológicas, a causa del Conflicto Político, Social y Armado, sufrido en Colombia

Las condiciones de vida de los habitantes de Mapiripán, tienden cada vez más hacia la precarización, asociado no solo al despojo histórico de las tierras, sino a la destrucción de la economía campesina y, a la llegada de empresas multinacionales. Pese a que el Gobierno colombiano fue sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar los derechos a la integridad, la libertad y a la vida, las garantías judiciales, los derechos de los niños, y a la circulación y residencia, las autoridades colombianas desconocen dicha Sentencia y olvidan el contexto histórico que esto ha significado para los campesinos, víctimas del conflicto y el olvido.

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