Ser “diferente”, víctima y victimario de las Farc

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Era peligroso, tanto ser “diferente” dentro del grupo insurgente y que lo descubrieran, como ser “diferente” y civil, y que también se dieran cuenta

Los actores armados que en el marco del conflicto afectaron a la población LGBTI, fueron tanto los legales (fuerzas militares y policía) como los ilegales (paramilitares, guerrillas, grupos armados de carteles del narcotráfico y grupos rearmados). Sin embargo, a pesar de que no se puede generalizar todos los actos violentos en “crímenes de odio”, y basar en cifras incompletas, sí se puede hablar de una violencia por prejuicio, principalmente ejecutada por grupos paramilitares; según el informe Vivir bajo sospecha, publicado por Colombia diversa. En una revisión de los datos del Registro Único de Víctimas (RUV), publicado en el año 2017 en dicho informe, se concluye que los paramilitares fueron los principales perpetradores de los hechos sufridos por personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero: de 1.818 víctimas LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales) se registraron 366 casos en los que el presunto agresor fue un grupo paramilitar, y 287 casos en los que el presunto agresor fue un grupo guerrillero.

Darla Cristina González es activista de derechos humanos y militante transgénero que nació el 19 de Mayo 1985 en San Luis (Antioquía), en una familia de campesinos conformada por su padre, su madre y dos hermanas menores; a los 14 años, Darla fue reclutada forzadamente por las FARC-EP en Sopetrán (Antioquia) a finales de los años noventa, cuando aún no había empezado su transición al género femenino, por lo tanto se autoreconocía como un hombre homosexual.

“No se dieron cuenta, no lo pude dejar demostrar, si así hubiera sido no estuviera contando la historia; porque la época en la que estuve reclutada en las Farc, precisamente la homosexualidad era uno de esos motivos para llevar a su militantes a un juicio de guerra, por lo tanto, mi salvación estuvo en que nunca descubrieron que yo era un niño gay, de lo contrario me hubieran “ajusticiado”, como llaman ellos, o me hubieran asesinado por el hecho de ser homosexual”, afirma Darla.

Álvaro Ladino Paque es un ingeniero agrícola de Neiva, reconocido activista LGBTI y quien se identifica como un hombre homosexual, afirma que en el 2012 en el departamento del Huila cuando se inició el proceso de la Unidad de Víctimas, él preguntó a quién llevaba las estadísticas acerca de las personas LGBTI registradas, y le dijeron que no había nadie en el subregistro. Ladino afirma que esto sucede porque muchas personas no son capaces de denunciar.

En el informe Vivir bajo sospecha, se habla que el silencio de las víctimas LGBTIQ, además del miedo y el poco apoyo institucional, también se debe a: la desconfianza hacia las entidades estatales por su débil presencia institucional para evitar la violación de los derechos o porque son considerados responsables directos o cómplices de los actores violentos; la falta de conocimiento de sus derechos como víctimas; el miedo a la estigmatización y discriminación por parte de la sociedad y el territorio en los que han ocurrido los hechos violentos; la posible revictimización por parte de funcionarios de atención; la existencia de grupos armados o rearmados en lugares donde ocurrieron los hechos; y el temor a revelar su orientación sexual o identidad de género cuando aún no lo han hecho ante sus familias y círculos sociales.

Ladino cuenta que una compañera lesbiana le habló que en las FARC- EP (fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejercito del Pueblo), las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, eran estigmatizadas ya que se tenía la concepción de que no podían rendir laboralmente como las demás personas y que en el caso de los hombres homosexuales, los catalogaban como personas débiles para disparar, hacer caminatas, enfrentarse y combatir.

Las personas militantes de las FARC-EP – cuenta Darla- que descubrían su identidad de género o su orientación sexual no hegemónica dentro del grupo armado, eran llevados a un juicio de guerra en el que eran juzgados por la tropa y quienes eran puestos a juicio podían llegar a ser castigados, desterrados y hasta asesinados.

La Perra Roja, una mujer transgénero, activista de la comunidad trans en Florencia (Caquetá), defensora de Paz y también víctima del conflicto armado colombiano, -que a sus 12 años se enteró de que su hermano mayor, Mauricio, había sido asesinado por paramilitares en Nariño-, asegura que el hecho de homogeneizar a las víctimas en el acrónimo LGBTIQ, no permite particularizar violencias de los cuerpos gays, lesbianas, trans, etc. y que además, envía un mal mensaje para los procesos comunitarios y territoriales de base que trabajan con este sector.

Con respecto a dichos procesos comunitarios y territoriales para el trabajo con el sector LGBTIQ víctima del conflicto, en el informe en mención, se afirma que dichos procesos y redes de apoyo en las comunidades son casi inexistentes, además del poco apoyo social, vecinal y familiar. Asimismo, en el informe Aniquilar la diferencia, Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas en el marco del conflicto armado colombiano, publicado en el 2015 por el Centro de Memoria Histórica, se pone en evidencia la anuencia de la comunidad sobre estos actos violentos que han marginado y vulnerabilizado, desde mucho antes del conflicto, a la comunidad con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas (y en el marco del conflicto, en muchos casos, su solicitud a grupos armados para ejercer violencia sobre la comunidad diversa).

Zunga, vocera de la comunidad trans de Florencia, Caquetá, aseguró ante la Revista Arcadia que hay una deuda social con toda la comunidad LGBTIQ, y hay una más importante con la comunidad trans. Asimismo afirmó a El Digital, que el tema trans es el tema que mayor afectación tuvo en el conflicto armado y que las personas trans son las que menos acceso tienen al goce de sus derechos humanos y que esta comunidad es la que mayor invisibilidad ha tenido desde lo institucional, lo comunitario y el movimiento social.

Hoy Darla Cristina, a pesar de amenazas de grupos armados- como las del año 2017 por las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia- y desde su activismo trabajó en diferentes departamentos como tallerista en diplomados de Participaz y temas de enfoque diferencial con la Unidad para las Víctimas; trabaja para el bien de la comunidad LGBTI y las víctimas del conflicto que forman parte de ella, y afirma que aún vivimos en una sociedad desigual, inequitativa y que mata por prejuicio.

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